LA UNIDAD EN LA DIVERSIDAD. EL ESTADO FEDERAL.

LA UNIDAD EN LA DIVERSIDAD. EL ESTADO FEDERAL Por RICHARD PACARD El estado de las autonomías así como la Constitución de 1978 reconoce una importante autonomía política a las regiones, se inicia de esta forma un proceso de descentralización, que habría de ser el más profundo de Europa, integrando de esta manera dentro de la estructura del estado español a los movimientos nacionalistas incluidos en su territorio. Por parte de las formaciones e ideologías netamente independentistas, conciben la unidad estatal como una negación a sus propias peculiaridades y lo perciben como un ataque a su cultura, tradición e idiosincrasia; el problema territorial en España es que cada región, cada comunidad autónoma, perciben a España como un país invasor, del cual quieren desasirse desde 1978; la Constitución española la ven como un obstáculo que no satisface plenamente las aspiraciones nacionalistas de independencia y libertad. La autonomía ha promovido en muchas ocasiones graves conflictos de independentismo y problemas de secesión, solo hay que recordar el terrorismo de ETA y lo que está sucediendo en Cataluña con el proceso separatista. Pero esta historia viene de lejos, ya que en 1931 la presión del nacionalismo catalán propicia el estado integral español. Cuando llegamos a 1978, los nacionalismos históricos, como el vasco y el catalán fuerzan el estado autonómico de 1978. En este momento el proceso se ha encallado por culpa de los dos interlocutores antagonistas que no están dispuestos a ceder, por lo tanto es imposible algún tipo de dialogo o pacto. A eso sumamos que los colectivos, víctimas de una política gubernamental totalmente neoliberal y conservadora, ha aplicado unas medidas draconianas contra los sectores más débiles de la sociedad. Y esta ha salido a la calle y seguirá saliendo contra todo gobierno sea del color que sea que promueva una política antisocial. El pueblo español ha reivindicado sus aspiraciones desde distintos ámbitos, a una democracia avanzada, progresista y participativa. Por otro lado, el estado de las autonomías ha fracasado en su objetivo de descentralización, y ha disparado la deuda cuantiosa en despilfarros y clientelismo político, promoviendo a los amigos de la estructura financiera y empresarial. Es el nuevo caciquismo del siglo XX. Y no ha solucionado el problema del secesionismo, ni la burocracia administrativa, que ahoga y seguirá ahogando al ciudadano con papeles y más papeles. No cabe ninguna duda que el problema secesionista en España es recurrente; más es mi opinión que lo que hace falta en este caso como en otros, es un llamamiento a la sensatez y a la razón. Creemos que lo que nos hace falta es bajar la tensión política, pero bajar dicha tensión no quiere decir dejar de salir a la calle para desbaratar al gobierno antisocial, al contrario, hemos de seguir luchando por la Justicia, el Honor y la Verdad, ya que estos valores deben incardinar nuestros esfuerzos y sacrificios en aras al bien común. Es necesario el establecimiento de un pacto de estado en el cual todas las fuerzas políticas, tanto de derechas como de izquierdas, nacionalistas o constitucionalistas, aborden y debatan aquellos temas que sean importantes para la cohesión del estado y de la sociedad. Los temas capitales y fundamentales son: las pensiones, la renta básica universal, y el problema territorial. Y todo ello que se integre en la Carta Magna. Si ello significa la reforma de la Constitución, que así sea. La vida es cambio, mutación. Y la política habrá de adaptarla al ritmo que nos obligan los tiempos y las necesidades. Nosotros opinamos que sería necesaria y coherente con una democracia avanzada, progresista y participativa, el establecimiento de una profundización en la creación del Estado Federal como arquitectura para la solución de los conflictos secesionistas. No voy a analizar en este artículo cual sería la configuración de tal estado, pero no me cabe ninguna duda, que superaría el anquilosado sistema autonómico, y pondría fin al radicalismo secesionista y aportaría una racionalización a la vida pública. Debemos articular una forma territorial que acoja las aspiraciones y los sentimientos de los distintos factores diferenciales, que cada región contiene en su seno, ya que para alcanzar dicho objetivo no es necesario la autodeterminación de los pueblos, si no un poco de cordura y razón. En el mundo de hoy tan confuso y con tanta incertidumbre, además de la desestructuración de la sociedad burguesa contemporánea, ante un proyecto Europeo fracasado, no nos cabe duda, que es necesario una unidad superior frente a los retos que nos amenazan y nos acechan en el futuro más cercano. Ya que no se trata en esta coyuntura de romper España, ni nadie en su sano juicio lo debería de pretender, sino más bien adaptar esta a una nueva época que se cierra y otra que ineludiblemente se abre. Pero ha de ser todos juntos, nadie por separado podría sobrevivir ante un mundo tan encanallado, tan basado únicamente en el mercado, en el monetarismo. Se trata en suma de organizar una convivencia basada en la unidad en la diversidad. Cuando en una sociedad no se hallan garantizados los derechos, ello es síntoma ineludible de que está en peligro la misma esencia de la democracia, la validez de su constitución y el mismo Pacto Social que le dio origen y sustento. Es entonces cuando se encienden todas las alarmas sistémicas y la misma sociedad aletargada y dormida, debería despertar para socavar la pretensión de acabar con los cimientos base de toda democracia. En muy pocos años la democracia se convertiría en una autocracia, es decir, en una dictadura, el poder de un hombre y un partido ejercerían el poder absoluto. BIBLIOGRAFIA. RECOMENDAMOS: 1. García Pelayo, M.: Derecho constitucional comparado. CEC. Madrid. 1984. 2. Torres del Moral, A.: Estado de derecho y democracia de partidos. Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense. Madrid. 1991. 3. Artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. “Toda sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada ni la separación de poderes establecida, carece de Constitución”. 4. Aragón Reyes, M.: Dos estudios sobre la Monarquía Parlamentaria en la Constitución Española. CIVITAS. Madrid. 1993.